Diego Rivera Navarro ocupaba la alcaldía de Tequila antes de ser aprehendido por sus supuestos vínculos con organizaciones delictivas. Actualmente, los pormenores sobre su gestión criminal en el municipio han comenzado a ser revelados. Desde 2021, un grupo hegemónico instauró una maquinaria para capturar el control político y financiero de diversas zonas de Jalisco, según las investigaciones federales.
Uno de estos puntos fue Tequila, donde el mandatario local, apodado «El Presidente», hibridó la función pública con la delincuencia para ejecutar extorsiones, privaciones de la libertad y actos de tortura contra mercaderes, artesanos y el sector tequilero, además de eliminar rivales políticos mediante el miedo.
Rivera Navarro, quien hoy se encuentra recluido en el centro penitenciario de El Altiplano, encabezaba una célula operativa que utilizaba al gabinete municipal de primer nivel como su estructura central.
Mecánica operativa en el Palacio Municipal El edil organizaba a sus subalternos para perpetrar ilícitos y cubrir una cuota anual de 40 millones de pesos comprometida con la organización criminal a cambio de respaldo en las urnas. En el expediente se detalla que Rivera Navarro empleaba a Diego López Ibarra —quien huye de la ley— como su consejero estratégico, tesorero y mediador con los grupos regionales de la delincuencia.
Paralelamente, el jefe de la policía local, José Manuel Pérez Sosa, también bajo custodia, fungía como ejecutor de secuestros y recaudador de tributos forzados a empresarios. A Pérez Sosa se le vincula con Severo Flores Mendoza, alias «El Rey Mago», un gestor criminal encargado de cooptar a las fuerzas policiales en Jalisco.
Por su parte, el jefe de gabinete, Julio César Limón Trigueros, es señalado por gestionar el capital obtenido ilícitamente, mientras que el responsable de Catastro, Juan Gabriel Toribio Villarreal, es vinculado con el rapto de aspirantes políticos opositores. La investigación también involucra a la cónyuge del alcalde, Raquel Nañez Bugarin, y a los directores de Padrón, Recursos Humanos y Obras Públicas.
Justicia tras la pista de prófugos Las autoridades federales buscan a tres implicados clave que escaparon: el tesorero López Ibarra, el jefe de gabinete Limón Trigueros y el mencionado Flores Mendoza, este último solicitado también por instancias internacionales. Los informes detallan que el alcalde acudía personalmente a los negocios locales con escolta policial para exigir cuotas de hasta 50 mil pesos mensuales por «derecho de piso»; la negativa resultaba en violencia o muerte.
Medidas judiciales actuales Un magistrado ordenó la prisión preventiva para Rivera Navarro en la cárcel de máxima seguridad de El Altiplano. Durante la audiencia, fue acusado de haber orquestado en 2021 el secuestro y tortura del precandidato Guillermo Cordero García y su suplente para obligarlos, mediante violencia física en casas de seguridad, a dimitir de sus ambiciones políticas y despejar su camino hacia el poder municipal.
