El Gobierno de Jalisco expresó su respaldo al proceso judicial que enfrenta el presidente municipal de Teuchitlán, José Ascención “N”, detenido el sábado 4 de mayo por su presunta relación con el caso del Rancho Izaguirre, un sitio investigado por estar vinculado al crimen organizado.
La aprehensión fue realizada por elementos de la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada de la FGR, quienes interceptaron al edil alrededor de las 18:35 horas, poco antes de llegar a su domicilio. Posteriormente, fue trasladado a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación en Puente Grande, donde el domingo por la mañana dio inicio su audiencia inicial de imputación.
La Fiscalía General de la República lo señala por presuntamente haber facilitado armamento y vigilancia al Rancho Izaguirre para evitar la huida de personas reclutadas por el crimen organizado. Dicho inmueble fue asegurado por autoridades federales el 18 de septiembre de 2024, y en marzo de 2025, colectivos de búsqueda descubrieron restos óseos, vestimenta y presuntos hornos clandestinos.
Ante esta situación, el Gobierno estatal aseguró en un comunicado que confía en que la FGR conducirá las investigaciones “de forma imparcial y sin tintes políticos”, y reiteró su disposición a colaborar plenamente con las autoridades federales para garantizar justicia.
Según el fiscal Alejandro Gertz Manero, el Rancho Izaguirre fue utilizado como centro de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación desde 2021. Afirmó que existen testimonios y documentos que lo prueban, aunque negó que se haya confirmado el uso del sitio como crematorio clandestino.
La FGR tomó control del caso tras una visita conjunta entre autoridades, medios y colectivos de búsqueda, y actualmente continúa la investigación que ha implicado ya la detención de 10 personas, el hallazgo de restos humanos y el rescate de dos personas privadas de la libertad.
