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Bocajarro

Enrique Peña Nieto y Javier Sicilia se reunieron con motivo de la publicación de la Ley General de Víctimas. Foto Notimex

Salvador Cosío Gaona.- Enrique Peña Nieto reconoció la responsabilidad del Estado mexicano con las víctimas del crimen, cuando al iniciar su gobierno se desistió de la controversia constitucional que con motivos fútiles había interpuesto Felipe Calderón en julio pasado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para impedir promulgar la Ley General de Víctimas que desde abril de 2012 había sido aprobada por el Poder Legislativo. Ahora, tras seguir su cauce legal, y acatando la orden del Senado, la ley ya fue firmada y publicada.

Alentado por su ego y presionado por Alejandro Martí e Isabell Miranda de Wallace, configurados por él mismo como sus adalides oficiales de la lucha social contra la inseguridad, el michoacano detuvo la legislación pro víctimas con muy endebles argumentos, pero sobre todo, por su afán de evitar aceptar que el Estado es responsable de las víctimas, además de pretender soslayar a quienes calificó como “daños colaterales” de su perniciosa, pero según él, exitosa guerra contra el crimen organizado.

Hace falta mucho –como dice el poeta Sicilia–. Que el Sistema Nacional de Atención a Víctimas sea debidamente estructurado y fortalecido con un presupuesto amplio, pues el que existe es de sólo poco más de 7 millones de pesos, lo que resulta a todas luces nimio. Lo malo es que los plazos para que se vaya cumpliendo la instalación del sistema de ayuda, su comisión ejecutiva, la expedición de reglamento, armonización de leyes y conformación de protocolos periciales por las Procuradurías de Justicia federal y estatales, van de los 90 a los 180 días. Es demasiado tiempo.

Nunca se cumplieron los acuerdos nacionales por la legalidad, seguridad y justicia firmados por los tres poderes de la Unión y entidades federativas en agosto de 2008 y es urgente consolidar los esquemas integrales de seguridad, entre los que destaca concluir los procesos de certificación de los elementos policiales en los tres órdenes de gobierno. Esto ha generado problemas para su cumplimiento y exigencia en cuanto a la revisión de los métodos, reactivos y criterios de la valoración.

Debe pisarse el acelerador, pues los mexicanos exigen resultados. No hay explicación a la negligencia de mantener acéfalas las Suprocuradurías más importantes de la Procuraduría General de la República (PGR), como la Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y la de Delitos Federales. De lo rescatable, por primera vez en muchos años se avizora la ruta que incluye apoyo al desarrollo socioeconómico para desalentar la participación de la sociedad en actos delictivos. Falta consolidar las estrategias y aterrizar ya las acciones. ¡Urge!

No está resuelta la sucesión en la rectoría general de la Universidad de Guadalajara, aunque para algunos analistas se perfila Izcóatl Tonatiuh Bravo Padilla para ser favorecido por el voto de la mayoría del Consejo General Universitario. Bravo Padilla ha ocupado infinidad de cargos en la estructura de la máxima casa de estudios de Jalisco y ha buscado la rectoría desde hace 12 años. Además cuenta con amplio respaldo en el seno del Consejo y se le ha sumado –dejando de lado su propia aspiración– José Alfredo Peña Ramos. Algunos consejeros conceden también posibilidades a Pablo Arredondo y Héctor Raúl Pérez Gómez; en tanto, ubican en peldaños inferiores a Ruth Padilla Muñoz y Jaime Agustín González Álvarez; a quien ya ven fuera de la contienda es a Juan Manuel Durán Juárez. Dicen que de consolidarse el arribo de Tonatiuh Bravo a la rectoría general de la máxima casa de estudios de Jalisco, Arredondo podría ser vicerrector ejecutivo, Héctor Raúl Pérez Gómez iría a la Dirección General del Organismo Público Descentralizado Hospitales Civiles de Guadalajara y su lugar como actual rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud sería ocupado por González Álvarez, quien hoy dirige los Hospitales Civiles.

Se especula que Alfredo Peña podría continuar en la secretaría general de la Universidad, si es que no se incorpora a un importante encargo en la próxima administración estatal jalisciense, dada su cercanía con el gobernador electo Aristóteles Sandoval. Si esto fuere, quizá Ruth Padilla dejaría el Sistema de Educación Media Superior y podría encargarse de la secretaría general de la Universidad.

El gobernador Emilio González Márquez sigue dando tumbos y mostrando su cara más cínica en el problemón financiero presupuestal en que tiene inmerso a Jalisco. Primero anunció la intención de renegociar el polémico crédito quirografario, ilegal e insano que firmó por mil 400 millones de pesos y ahora súbitamente solicita al Congreso autorización para contratar nueva deuda por 3 mil 200 millones de pesos, cuya solicitud envió sin anexos que incluyan la real y necesaria justificación del empréstito para saber a qué se destinará y tampoco informa sobre en qué se gastó lo que con este nuevo préstamo quiere pagar. La legislación prohíbe utilizar crédito para pagar deuda o servicios de la misma y para dedicarlo a gasto corriente, pues debe ser destinado a adquisición de infraestructura productiva.

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