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Política de presas ha provocado patrón de violaciones a derechos humanos en México

Sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos en Tempacapulín. Foto Alejandro Velazco

Alejandro Velazco.- En México existen cuatro mil 200 presas y se tiene contemplada la construcción de 30 más antes de 2017; esto ha provocado un patrón de violaciones a 15 derechos humanos constantes en todos los desarrollos, este es el resultado del dictamen final que elaboró el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) en la pre-audiencia “Presas y derechos de los pueblos e impunidad”, que se llevó a cabo el cinco y seis de noviembre en Temacapulín y cuyos resultados parciales fueron dados a conocer el ocho de noviembre.

En este documento final se añaden la totalidad de los casos presentados ante el TPP: La presa Cerro de Oro y su ampliación, así como Paso de la Reyna en Oaxaca; La Parota en Guerrero; Las Cruces y El Cajón en Nayarit; El Naranjal y Zongolica en Veracruz; el proyecto de Arcediano y El Zapotillo en Jalisco; así como La Yesca, –anteriormente se habían dado a conocer los fallos por los casos de El Zapotillo, Arcediano, La Yesca y Las Cruces (La Jornada Jalisco, 9 de noviembre de 2012) .

Los jueces de este tribunal de conciencia en su capítulo México, determinan que las principales violaciones que se han provocado con la construcción de grandes obras hidráulicas son: el desalojo y desplazamiento forzoso de más de 185 mil personas; violaciones al derecho a la información y participación; al derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas; el derecho a la autodeterminación de los pueblos, al agua, a la alimentación y, cuando hay procesos de organización para resistir a la construcción de presas, la criminalización de la protesta social.

El TPP emite recomendaciones al gobierno mexicano en materia de derechos humanos y en las políticas sobre agua y energía. En este último punto se recomienda abrir un debate público sobre las opciones energéticas estratégicas el cual contemple la participación de los diferentes sectores y movimientos de la sociedad civil; revisar las políticas de control, uso y asignación de los recursos hídricos de la nación; llevar a cabo una auditoría nacional a cargo de una instancia independiente, con representantes del gobierno, la sociedad civil y la academia, que revise los costos y beneficios económico-financieros, sociales y ambientales de las presas construidas desde 1972.

Además, se solicita al Estado mexicano que se establezcan mecanismos transparentes y participativos en los procesos de decisión de cada proyecto y que se incluyan estudios de los impactos socioeconómicos en las normas relativas a las manifestaciones de Impacto Ambiental de cada obra.

En tanto, las recomendaciones de derechos humanos son la cancelación de los proyectos que sean violatorios de éstos, en específico El Naranjal, Arcediano, El Zapotillo y el Proyecto Hidroeléctrico Veracruz, pues se determina que se están desarrollando sin consulta y consentimiento previo, libre e informado de los pueblos afectados.

También se recomienda en respeto –en proyectos presentes y futuros– de todas las normas legales nacionales e internacionales en derechos humanos, y que a partir de la reforma al artículo primero de la Constitución cobraron mayor relevancia; esto a fin de que se asegure la protección de las garantías de los individuos y comunidades afectadas –o en riesgo de serlo.

Igualmente se pide que todos los proyectos cuenten con aviso apropiado, información adecuada, tiempo razonable para hacer una revisión pública, celebración de audiencias públicas donde las personas afectadas y sus defensores puedan impugnar la decisión de desalojo.

“Ningún desalojo puede llevarse a cabo sin el consentimiento previo, libre e informado de las personas y comunidades afectadas”, se lee en el documento, en el que se especifican uno por uno los casos. Asimismo, la recomendación incluye que se implemente una legislación nacional dirigida a limitar y regular los desalojos y desplazamientos en conformidad con los principios y directrices de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Este fallo final formará parte de la mesa ambiental del TPP que se celebrará en el año 2013 y se presentará en la audiencia final programada para el 2014. Además, será entregado a todas las autoridades involucradas en el desarrollo de los proyectos de presas, considerando que son los destinatarios de las recomendaciones que se plantean en el documento.

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