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Blog: Guadalajara, ciudad legítima

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Mariano J. Beret.- La Guadalajara de hoy dista mucho de la que incluso los jóvenes conocimos, y de seguir así en esta década poco o nada se reconocerá a sí misma. ¿Tengo derecho a mi ciudad y al ambiente urbano en el que vivo?
El derecho a la ciudad es definido en la Carta mundial por el derecho a la ciudad como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social. Es un derecho colectivo de los ciudadanos e interdependiente de todos los derechos humanos reconocidos, tanto civiles, como políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.
Coincido con David Harvey en que el derecho a la ciudad es mucho más que la libertad individual de acceder a los recursos urbanos: se trata del derecho a cambiarnos a nosotros mismos cambiando la ciudad. Y es que resulta imprescindible para nuestras generaciones ejercer el derecho a la ciudad y al ambiente de modo sostenible, garantizando la calidad de vida y la salud de los ecosistemas (incluido el urbano) de manera que aquellos derechos puedan ser ejercidos por las generaciones presentes y futuras por igual, compatibilizando nuestra identidad y patrimonio.
La muy reciente reforma constitucional al artículo 4º reconoce el derecho que tiene toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Es en nuestro país un derecho humano y una garantía constitucional que implica que el ambiente cuente con las condiciones necesarias e idóneas para la vida, tanto desde un punto de vista individual como colectivo. Además de ello, el Estado habrá de garantizar el respeto al mencionado derecho, y generará responsabilidad para quien provoque daño y deterioro ambiental en términos de lo dispuesto por la ley. Sin embargo, el reconocimiento constitucional de tan fundamental derecho enfrenta un severo problema de efectividad real y práctica.
Es público y notorio que la ciudadanía no se siente representada y desconfía de los poderes del Estado, reclama acceso a la información y transparencia en la gestión pública, mayor participación en la toma de decisiones, y mecanismos más eficientes de acceso a la justicia. Ante este panorama y bajo la aplicación del principio de corresponsabilidad, han surgido en la ciudad nuevas formas de asociación y participación social organizada a través de múltiples esquemas que poco a poco encuentran cauces para incidir y optimizar los procesos de toma de conciencia y acción colectiva.
Buen ejemplo de ello fue la marcha atrás —¿aborto?— del proyecto Vía Express el año pasado, para la cual tanto cámaras empresariales y gremiales, como la sociedad civil organizada y ciudadanos en su propia representación hicieron frente común ante la amenaza de semejante herida para Guadalajara. Claro que para el final rechazo del crédito a aprobar por el Legislativo, también ayudó la pésima gestión realizada por el Ejecutivo promovente, entre otras cuestiones.
Y no quedó ahí, ese núcleo participativo y abierto de organizaciones, profesionales independientes y ciudadanos trabajó buena parte de 2011, y continúa hoy, constituido en la Asamblea por la gobernanza metropolitana con el objetivo de que la Ley de coordinación metropolitana del Estado de Jalisco no quede en papel mojado, y que se instrumenten las instituciones que den vida a una efectiva gestión del Área Metropolitana de Guadalajara, con la visión de una planeación territorial estratégica y participativa. Al día de hoy, y con singular esfuerzo de por medio, la asamblea ha logrado que tanto el Gobierno del Estado como los alcaldes del área firmen un convenio de coordinación, y hayan designado un equipo multidisciplinario de profesionales para llevar a cabo tan necesaria como compleja transición.
Otro ejercicio de búsqueda y reclamo del derecho a la ciudad, éste específicamente desde la movilidad,  devino tras el X Congreso Internacional Hacia ciudades libres de autos, en septiembre de 2011, con la discusión y redacción de la Declaración de Guadalajara por una movilidad sustentable por parte de diversas organizaciones civiles y ponentes nacionales e internacionales del Congreso (se puede leer y descargar en http://www.consejomovilidad.org/) en la que se plantean principios, exigencias y propuestas para una Guadalajara accesible y próxima, próspera y eficiente, democrática y equitativa, a la vez que sustentable tanto en sí misma como en la relación con su región.
Últimamente se han sentado las bases para otro modo de sentir, entender y hacer la ciudad, de promover y exigir el legítimo derecho a una Guadalajara sana e incluyente.
Aunque es un hecho cotidianamente probado que vamos tarde, continúa en nuestras manos afrontar la oportunidad histórica que ya estamos sabiendo reconocer, y que además no podemos perder.
@nanoberet
*Miembro de Ciudad para Todos
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2 de marzo de 2012

Los problemas de los ciudadanos, ¿quién los resuelve?

Ciudadano Patricio

Al ver uno los titulares de los periódicos respecto a política, pocas veces se ven noticias sobre los resultados o los logros de algún gobierno. ¿Cómo es posible que el mismo gobierno sea el que se dé promoción en lugar de que los medios de comunicación sean los que comuniquen lo que ha logrado?

Algo va mal en cuanto a solución de problemas cuando tenemos llenas las calles de carteles que dicen que nosotros consideramos que el gobierno estatal ha hecho las cosas bien. ¿Acaso tiene alguien que recordárnoslo porque lo olvidamos? ¿O porque nunca ocurrió?

Creo que no es cuestión de tanta propaganda y teatro, cuando tu vida cambia para bien porque se dieron las condiciones gracias al gobierno, recuerdas que hace un buen trabajo. No cuando ocurren otras cosas.

No estoy seguro en qué me beneficia un puente que está lejos de mi casa o un evento al que yo nunca asistí, pero algunas personas del gobierno consideran que beneficiar a unos cuantos es suficiente para considerar que se hizo un buen trabajo.

¿Y por qué si las cosas salen tan bien en los espots, en la realidad pocas personas ven los resultados en su calidad de vida?

La respuesta pareciera ser que en realidad se ha resuelto poco o nada y las personas ven solamente decrecer su nivel de vida. Pero, ¿quién se dedica a resolver los problemas que aumentan la calidad de vida de la población?

Los problemas del gobierno acostumbran ser problemas administrativos y requieren de personas que con muchos datos puedan asignar los recursos a las acciones que más van a resolver problemas de la ciudadanía. Y después de eso se necesita un gran cuerpo técnico que pueda resolver los problemas de la ciudad. Ellos son los que realmente resolverán los problemas de la ciudad con los recursos que asignaron los administradores.

Si esos cuerpos técnicos estuvieran en funcionamiento, ¿cómo es que tantas iniciativas por parte del gobierno son criticadas por especialistas de universidades?

Las iniciativas debieron ser planteadas por ellos o con ellos como asesores, no refutadas una vez que ya se presentaron los proyectos.

Viendo un poco: si las personas del gobierno son las adecuadas en su puesto, uno puede encontrar una gran cantidad de burócratas que pueden o no desempeñar su puesto eficientemente. Pero no queda claro.

Tenemos una lista muy grande de obras públicas que han sido mal hechas, a destiempo y con un costo mayor del presupuestado. El gobierno ha decidido ignorar la más elemental de las premisas de la solución de problemas. Para resolverlos debes de tener conocimientos técnicos de ese tema. Los que toman las mayores decisiones son en resumen ineficientes.

Recientemente tuve que pedir un acta de nacimiento en el Registro Civil del estado. Recordaba que era un trámite complicado y difícil. Pero cuando la solicité, a pesar de la gran cantidad de personas que solicitaban lo mismo, en menos de una hora estuvo en mis manos. Una agradable excepción a muchos desaciertos; seguramente hay muchas otras dependencias que funcionan adecuadamente.

¿Cuál es la diferencia entre pedir un acta de nacimiento y aumentar la calidad de vida de la población de una ciudad? ¿Por qué una cosa ha mejorado y la otra no?

Creo que en principio un acta de nacimiento es algo más sencillo de obtener que un trabajo, vivienda y salud para las personas. Pero luego noté algo muy significativo: quien me había dado el acta de nacimiento era en realidad un sistema sofisticado de tecnología de la información que contenía mis datos y había impreso algo que le pedí. El resto del gobierno parece que no se ha enterado de que eso existe.

Si la productividad en este siglo se basa en la información, ¿cómo es posible que solamente haya sido aprovechada por algunas de las partes del gobierno y no tengamos la información pública a la mano? ¿Y por qué si las personas que toman decisiones pueden ayudarse de esa tecnología no lo han hecho?

Me agradaría ver gráficas que me describan la situación de la ciudad y con cada una de ellas las razones por las que se toma una decisión o no. Indicadores que digan si el porcentaje de personas con acceso a servicios básicos ha aumentado o no, la cantidad de empleo y los detalles del poder adquisitivo de las personas con el nuevo empleo.

Todo tipo de indicativos de bienestar para poder comparar cada uno y medir si las decisiones del gobierno son adecuadas o no a las necesidades.

Me gustaría ver razones respaldadas por especialistas para cualquier asignación de recursos de gobierno y que cualquiera pueda hacer sus cuentas y ver en qué le ayudó a él.

Si hubo alguna equivocación en la asignación de recursos no volver a cometerla y los aciertos irlos perfeccionando.

Los burócratas tienen las mejores herramientas a su disposición para resolver los problemas de todos. Es cuestión de utilizarlas y reforzar sus equipos técnicos y administrativos.

¿Imposible? No lo creo en realidad, solamente creo que con las personas adecuadas en los lugares adecuados se pueden maximizar los recursos y dar a la ciudadanía las oportunidades para una mejor calidad de vida.

*Miembro de Ciudad para Todos

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1 de marzo de 2012

Jóvenes en Movimiento: en el barrio

Ana Villaseñor

Un grupo de amigos locos y soñadores (como les dicen por ahí), tuvieron la idea de buscar un espacio de vinculación en su barrio “ La Casita”, con el fin de que la gente saliera y se diera cuenta de que hay un espacio afuera, que reconociera su entorno y el rostro del “otro”,  que en estos tiempos nos sienta tan ajeno.

 

Ellos son el Colectivo Tepochcalli, su nombre hace referencia a las escuelas a las que tenían acceso los jóvenes plebeyos de algunos pueblos prehispánicos, donde se enseñaba urbanidad, a comportarse con corrección, el canto, las bellas artes, la danza y, especialmente, la guerra. Este colectivo multidisciplinario lo conforman un grupo de profesionistas apartidistas, sin ánimo de lucro y sobre todo conscientes de la dinámica social actual de su barrio.

 

Su proyecto nació hace dos años y el primer paso fue moverse, salir a la calle y adoptar un espacio público: “El Kiosko”, un pequeño parque de la zona. Pegando carteles, por redes sociales, invitando a los vecinos, niños, jóvenes y adultos, fue como dieron a conocer sus actividades y talleres, que iban desde guitarra eléctrica, artesanía, teatro, hasta composta y malabares, impartidos por los integrantes del grupo o amigos artistas y especialistas en la materia de cada taller.

 

La respuesta de los jóvenes y adultos fue paulatina, pero talleres infantiles, como el de plastilina, fueron un éxito (al día acuden 30 niños acompañados de sus madres). Operaban con ánimo pero con recursos limitados, hasta que, por medio de CONACULTA, dentro del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias, el Colectivo pudo conseguir un financiamiento y continuar el proyecto que, ya formalizado, lo dividieron en 5 áreas: Económico, Deportivo, Ecológico, Artístico y Social-Cultural, y cada miembro se hace responsable de la planeación y seguimiento de su área.

 

El 22 de de enero de este año adquirieron, por medio del programa Vivienda Digna, su nuevo lugar: “La escuelita del Kiosco”, que se encuentra justamente en la esquina del parque. A la inauguración asistieron, además de los vecinos de “La Casita”, colonos de barrios aledaños como Santa Margarita, La Tuzania y Las Bóvedas del municipio de Zapopan.

 

El lugar ya es del barrio, es un espacio público simbólico, donde los vecinos ayudan a reconstruir, los jóvenes pintan murales y ayudan a plantar una farmacia viviente en el jardín de la entrada, donde se asesora a los chicos para seguir estudiando la secundaria y preparatoria abiertas y se proyectan películas para toda la familia.

 

Esta es la satisfacción más grande de este grupo, la participación de los vecinos y el apoyo que han obtenido de ellos para darle continuidad a este proyecto y la consolidación que han adquirido con el tiempo.

 

Tepochcalli demuestra cómo un proyecto de acción común y asociativa, ha mejorado paulatinamente el desarrollo comunitario de un barrio, la apreciación positiva entre los niños, jóvenes y adultos y que ha dado como resultado el empoderamiento de los espacios de convivencia y el sentimiento de pertenencia.

 

Es así como un movimiento por esta línea detona la transformación interior de la consciencia, para convertir a un ciudadano pasivo en uno solidario y participativo, conocedor de sus derechos y obligaciones, apto para fortalecer su entorno y defenderlo. Todo esto simplemente con salir a la calle y reconocerse en el “otro”.

 

Alma, Francisco, Carlos, Horacio, Rubén y Álvaro saben que no son héroes, ni pretenden serlo, también saben que no cambiarán el mundo, pero un fragmento de él sí, el fragmento al que ellos  pertenecen.

 

Por mi parte, demando al mundo más locos y soñadores como ellos, aunque, por suerte, yo veo los miércoles a los míos.

 

@anabidazti
*Miembro de Ciudad para Todos

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29 de febrero de 2012

El Derecho ciudadano a la Transparencia y el Acceso a la Información Pública

Elena Carrillo

Una auténtica cultura de transparencia supone impulsar el conocimiento y respeto de este derecho humano fundamental, que posibilita la participación ciudadana en la formulación de propuestas de políticas sociales y la contribución en los procesos en la toma de decisiones públicas, lo que conlleva a la efectiva rendición de cuentas al facilitar que los ciudadanos tengan conocimiento de las acciones de los gobernantes. De esta manera, se promueven verdaderos mecanismos de vigilancia social en la consolidación y preservación del estado de derecho y fortalecimiento de la democracia. Este derecho constituye por lo tanto, el eje articulante para la construcción de ciudadanía, que articulada, organizada y en sus distintas dimensiones sociales, económicas, políticas, civiles, interculturales y globales, participa en la toma de decisiones que afectan de forma directa o indirecta la vida propia y la de la comunidad. La sociedad civil  ha jugado un papel imprescindible en esta labor impulsando las leyes de acceso a la información y al exigir la garantía a estos derechos, es por ello que el acceso de los ciudadanos a la información fortalece la transparencia en la gestión del gobierno, en virtud de que permite que se realicen los ejercicios de exigencia y rendición de cuentas indispensables en todas las sociedades. Por esta razón, la existencia de una ley que garantice el ejercicio del derecho de todo ciudadano de solicitar información y el deber de la autoridad de brindársela oportuna y eficazmente, constituye un reclamo fundamental en las sociedades democráticas actuales, o que al menos pretenden serlo.

Ahora bien, el derecho de acceso a la información pública está contemplado en la mayoría de las Constituciones Políticas y en los Tratados Internacionales y constituye una garantía individual de nuestro máximo ordenamiento, la Constitución Política Mexicana en su artículo 6º  este derecho “garantiza a toda persona el conocimiento de la información pública sin justificar su utilización, es decir que es un derecho universal que se puede ejercer sin distinción de edad, sexo, creencia, religión, raza o nacionalidad”. Así mismo, de dicho derecho también se deriva otro precepto humano fundamental que se encuentra contemplado en la “Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU” (Organización de las Naciones Unidas), en su artículo 19 que establece que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión“.

De conformidad con la Red Global de Defensores del Acceso a la Información o Freedom of Information Advocates (FOIA Network, por sus siglas en inglés), en función de simbolizar el movimiento internacional para promover el libre acceso a la información y en consecuencia, impulsar el conocimiento de este derecho , determinó que es fundamental para la satisfacción de otros derechos como el de libertad de expresión y que sólo puede ser ejercido efectivamente si está reconocido por las leyes y reglamentado de acuerdo a estándares internacionales. Igualmente, de acuerdo con el autor Boliviano Carlos A. Camacho Azurduy, el impulso a las leyes de acceso a la información en América Latina se dio en un contexto por erradicar viejas prácticas ilegales y de corrupción y en consecuencia mejorar el desempeño de los gobernantes. En este sentido en países como Argentina, Chile, Guatemala, Paraguay, Panamá, Perú y México la sociedad civil organizada ha sido la impulsora de las leyes de transparencia y acceso a la información y en este contexto, nuestro país ha avanzado considerablemente, no obstante nos encontramos aún ante numerosos obstáculos en el ejercicio y garantía de estos derechos, como el relativo a que el principio de transparencia que involucra el compromiso de las autoridades de dar a conocer a quien lo solicite la información sobre un determinado asunto público o gubernamental, sólo se vea limitado por la clasificación que considera dicha información como reservada o confidencial y así mismo porque aún es necesario el fortalecimiento y capacitación constante de muchas de las instituciones, servidores públicos y funcionarios que cumplen esta tarea. También es esencial que se promueva la cultura de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas entre los ciudadanos, con el fin de que estén informados sobre todo lo que les atañe y puedan ejercer y exigir sus derechos de recibir, investigar, difundir información  y expresar su opinión. Así como también el derecho de solicitar la protección de los datos personales. Por todo esto,  considero que es indispensable un intenso proceso democrático continuo que obligue firmemente a las autoridades a exponer públicamente las acciones gubernamentales.
Otros obstáculos a los que continuamente nos enfrentamos los ciudadanos, son de carácter legal, es decir que son las propias legislaciones las que impiden o restringen estos derechos, por ejemplo en el Estado de Puebla se debe pagar 80 pesos por cada copia certificada de información financiera que se solicite, lo que se traduce en una clara restricción o impedimento para un ciudadano común que en el ejercicio de su derecho de acceso a la información, se ve seriamente limitado.
Sin ir más lejos, en Jalisco recientemente tuvimos un lamentable retroceso, pues nuestros diputados del congreso local decidieron abrogar la anterior Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Jalisco”, aprobando “fast track” la  “Nueva Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios”, con la negociación del titular del ejecutivo estatal de otorgar más presupuesto al Congreso en el 2012, (como ya fue dado a conocer por numerosos medios impresos) sin que mediara consulta pública de por medio, sin un estudio a fondo el texto, sin tomar en cuenta expertos locales nacionales e internacionales, como el ITEI (Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, el cual entregó un análisis de 166 páginas que no fue tomado en cuenta) académicos, investigadores, OSC (Organismos de la Sociedad Civil) entre otros, y sin un solo argumento que justificara dicha abrogación. De acuerdo con la AMEDI (Asociación Mexicana de Derecho a la Información) el proceso legislativo fue poco transparente y antidemocrático al reducir los derechos de los ciudadanos mediante la ampliación del “Catálogo de Información reservada”, esto es que la anterior ley consideraba siete fracciones como información reservada y la nueva ley amplía dicho catálogo al considerar diez fracciones, es decir que son más cuestiones las que ahora se consideran información reservada. Una de las fracciones considerada como información reservada es la que se refiere a aquella que “…contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, en tanto no se tome la decisión definitiva”. Dicho precepto contradice claramente el artículo 9º de la Constitución local, que establece que se debe privilegiar la apertura en los procesos deliberativos o toma de decisiones, ya que es un derecho fundamental conocer el proceso y la toma de decisiones de los servidores públicos, por lo tanto se atenta contra la obligatoriedad de transparentar sus disposiciones. Como claramente señaló el Presidente de la AMEDI, Juan Larrosa Fuentes al respecto de esta fracción: “Se viola el precepto de máxima revelación recomendado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y diversos documentos del Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos”, afirma igualmente que: “Se necesita saber cómo y por qué los funcionarios toman las decisiones públicas, no basta con conocer nóminas, sino que se debe saber por qué otorgan una concesión a tal empresa, y con esta nueva ley no se podrá conocer. Es increíble la laxitud con que se les permite a los funcionarios reservar información”. (Revista Proceso Jalisco, 25 de Diciembre de 2011).
Así mismo, el artículo 41 de la nueva ley, referente al Catálogo de información reservada señalado, determina que las autoridades (sujetos obligados) podrán clasificar dicha información sin necesidad de justificación alguna. Esto significa que quedó fuera la “prueba de daño” que la anterior ley contemplaba,  y en esta cuestión ha insistido puntualmente el ITEI (Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco), esto es que para la denegación de la información clasificada como reservada, las autoridades deberían justificar que se cumplen los supuestos siguientes:
I.- “Que la información se encuentra prevista en alguna de las hipótesis de reserva que establece la ley;
II.-  Que la revelación de dicha información atente efectivamente el interés público protegido por la ley, y
III.- Que el daño o perjuicio que se produce con la revelación de la información es mayor que el interés público de conocer la información de referencia”.
Lo anterior se traduce en que con la nueva Ley, las autoridades no estarán obligadas a justificar los anteriores supuestos como anteriormente lo establecía la anterior Ley. Así mismo, de un análisis a los artículos se puede apreciar que algunos de los términos en este catálogo son ambiguos y subjetivos, pudiendo generar interpretaciones restrictivas, esto es que los criterios de reserva se basan en formulaciones abstractas y típicas de la opacidad. La fracción X de dicho artículo 41, considera que será información reservada toda aquella que por disposición legal expresa así se establezca, lo que da lugar a que en distintas legislaciones se reserve de forma indiscriminada determinada información sin el menor análisis. Otra disposición importante que el catálogo deja fuera, es la relativa a que no se podrá considerar información pública como reservada aquella que tenga que ver con violaciones graves a Derechos Humanos (DDHH) o delitos de lesa humanidad. Lo anterior, contradice los criterios federales e internacionales que establecen que no se puede invocar el carácter de información reservada en la investigación de estos delitos que la anterior ley de Transparencia si contemplaba, por lo que la nueva ley, representa un claro retroceso en materia de DDHH. Igualmente otra novedad surge en la reserva de la información por períodos, mientras que en la anterior ley son 10 años como máximo, con posibilidad de acortarse o adelantarse si existieren las causas,  en la nueva son 6 con posibilidad de prórroga por periodos de hasta tres años o incluso de forma indefinida mientras subsistan las causas que la clasifiquen como reservada. El texto de la redacción posibilita en consecuencia las reservas interminables.
En resumen, se le otorgan más atribuciones a la autoridad al depender de su buena voluntad, discrecionalidad y arbitrio la interpretación de muchos de los preceptos, lo que conlleva a que evidentemente en muchos casos oculten información, la desaparezcan o inclusive determinen que es información reservada que puede afectar los intereses del estado, para negar cuentas a los ciudadanos. No obstante todo esto, lo más grave y que representa una novedad en materia de transparencia y acceso a la información pública, y a la vez una amenaza para que las legislaciones de otros estados adopten disposiciones similares, es la criminalización del derecho a la libertad de expresión. En la anterior ley se estipulaba responsabilidad administrativa, civil o penal únicamente para los servidores públicos que incumplieran con sus obligaciones, con la nueva ley  en su artículo 106, se prevén infracciones no solo para los sujetos obligados, ya sean titulares de los comités o titulares de unidades de transparencia, sino también para las personas físicas que tengan en su poder o manejen información pública. Se contempla en consecuencia, la responsabilidad penal al contemplar delitos en materia de información pública, reformándose los artículos del Código Penal de Jalisco. El artículo 298 de la nueva ley establece sanciones que van desde un año hasta cinco años de prisión y multa de 50 hasta mil días de salario mínimo vigente, de esta forma se criminaliza y atenta contra la libertad de expresión.
En conclusión, los aspectos más relevantes y que constituyen un carácter retrógado en la nueva ley, son los siguientes:
-Desde el nuevo título se puede advertir el carácter restrictivo, pues la anterior ley contemplaba la palabra “transparencia”, y la nueva no. La palabra transparencia hace referencia a la máxima revelación de la información. Al desestimar la palabra transparencia que alude a una política de rendición de cuentas públicas, no se equipara al derecho ciudadano de acceder a la información pública gubernamental, son dos conceptos diferentes, pues el primero hace énfasis en la publicación de información fundamental y el segundo, el deber del servidor público de transparentar sus decisiones o rendir cuentas.
-Se dejó fuera el objeto de la  anterior ley referente al sentido de su existencia:
I. El orden público e interés social.
 II.Garantizar el derecho fundamental de toda persona para conocer el proceso y la toma de decisiones públicas.
III.Así como para solicitar, acceder, consultar, recibir, difundir, reproducir y publicar la información pública en posesión de los sujetos obligados.
- Se dejó fuera también la finalidad de la ley, referente:
I. Consolidar el estado democrático y de derecho en Jalisco;
II. Promover entre los sujetos obligados la transparencia y la rendición de cuentas, mediante el registro, archivo y protección de los documentos en que consta el proceso de toma de decisiones, así como los actos y decisiones públicas en sí mismas.
III. Fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas a través del ejercicio del derecho a la información pública oportuna y veraz; y
IV. Proteger la información confidencial en poder de los sujetos obligados.
-Así mismo quedaron fuera preceptos importantes:
I.El deber de los sujetos obligados a garantizar el derecho a la información:
“El derecho a la información, en sus distintas modalidades, deberá ser promovido y garantizado por los sujetos obligados…”  (Anterior ley de Transparencia).
II. En la nueva ley jamás se establece como un derecho la transparencia, sino únicamente el acceso a la información pública.
-Finalmente, se aprecia que:
I. Existen evidentes incongruencias jurídicas que atentan contra la Constitución Federal, local, los DDHH y Tratados Internacionales reconocidos por México.
II. No hace referencia a la importancia de promover la cultura de transparencia a diferencia de la anterior ley, la cual le otorga facultades específicas al ITEI para ello.
III. Es de carácter restrictivo (aunque parezca que amplía la información considerada como fundamental), por el contrario se desprende opacidad en muchos de sus artículos.
IV. No hace referencia a la importancia de fomentar y promover  la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas mediante el ejercicio del derecho a la información.
V. Proporciona facultades a los sujetos obligados (autoridades) para clasificar la información, sin que justifiquen esta acción, cuando la anterior ley determinaba la importancia de la fundamentación y motivación de las respuestas de las autoridades.
VI. Proporciona a la autoridad un amplio margen para clasificar datos.
VII. No hay claridad en los criterios de reserva y se deja fuera la prueba de daño.
No obstante este análisis, los diputados han argumentado que la nueva ley, que entrará en vigor a partir del 1º de Abril, es mejor que la anterior porque amplía el “Catálogo de Información Fundamental”, esto es que las autoridades o sujetos obligados tendrán mayores cuestiones que transparentar o de las que rendir cuentas, porque se enumeraron o enlistaron más cuestiones en dicho catálogo, sin embargo esto es totalmente falso, ya que de un riguroso análisis a dicho catálogo, puede observarse que no son más rubros, sino que únicamente se desglosan de forma más detallada las mismas cuestiones que ya tenían que dar a conocer a los ciudadanos desde la anterior ley, lo que no representa novedad alguna ni ventaja, pues de dicho análisis comparativo en esencia son las mismas cuestiones. Así mismo, otra de las “ventajas” que dolosamente alegan los diputados para justificar la aprobación que dieron a esta ley evidentemente opaca y retrógrada en detrimento de estos derechos, es que en la nueva ley se amplía el “Catálogo de los sujetos obligados” es decir que se pormenoriza o se detalla de una forma más puntual el listado de cada una de las autoridades obligadas a proporcionar información, sin embargo esto tampoco representa alguna ventaja para los ciudadanos, al contrario se corre el riesgo de que en vez de establecer la obligación de “transparentar” a todos aquellos servidores públicos que reciban dinero público,  (estén o no en dicho listado o catálogo) conllevaría a crear entidades o hacerse reformas, con el pretexto de que aún no se encuentran en esa lista.
Ante este panorama, tanto el ITEI, como diversos Organismos ciudadanos como la AMEDI (Veáse “Pronunciamiento público en torno a la promulgación de la nueva ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios” en la liga: http://www.amedi.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=743:pronunciamiento-publico-en-torno-a-la-promulgacion-de-la-nueva-ley-de-informacion-publica-del-estado-de-jalisco-y-sus-municipios&catid=49:jalisco&Itemid=81) académicos, investigadores y otros expertos, manifestaron su inconformidad y su deseo de apertura al diálogo y sometimiento de consulta pública de la nueva ley. En este sentido, ha sido muy valiosa la labor del ITEI que ha organizado espacios de discusión y diálogo con expertos y ciudadanos para abordar este tema y consensar acuerdos, no obstante la gravedad de que haya sido dejado fuera su importantísima opinión de autoridad máxima en la materia y su congruente análisis de 166 hojas que entregó como propuesta para la nueva ley. Sin embargo, hasta la fecha no se ha dado a conocer la buena voluntad del ejecutivo estatal, ni los diputados del congreso local para organizar la consulta pública o bien, dar marcha atrás a esta nueva ley (vetarla) que representa un claro retroceso para Jalisco en el tema de la cultura de transparencia y acceso a la información pública.
Lo más lamentable es que el legislativo contaba con considerables reformas para su estudio desde hacía algunos años y no fueron tomadas en cuenta, al menos no en beneficio de los habitantes de Jalisco. Igualmente es vergonzoso el el desafortunado contexto en el que se dio la aprobación de esta nueva ley a través de una lamentable negociación entre el gobernador y el congreso: si este último aprobaba la ley, podría ejercer mayor presupuesto para el 2012.
La nueva ley se aprobó en minutos.
Es vergonzoso porque una ley de esta naturaleza y trascendencia debería hacerse forzosamente tomando en cuenta al ITEI y ciudadanía mediante consulta pública.
Los retos en este ámbito aún son grandes, con la anterior ley, que era buena aunque perfectible, nos encontrábamos algunas veces con trabas en el ejercicio de nuestro derecho a la Transparencia y Acceso a la información, con la nueva ley, sin duda los obstáculos serán mucho mayores, pero no todo está perdido. Aún seguimos contando con el ITEI para velar el cumplimiento de estos derechos, y la cultura de la transparencia que ha ido gestándose poco a poco en nuestro país y sociedad seguirá avanzando y tomando fuerza. Igualmente porque aún podemos acudir a las instancias legales correspondientes (juicio de Amparo, juicios de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación e instancias Internacionales), porque aún contamos para nuestra asesoría y guía con asociaciones tan valiosas como la AMEDI, porque aún podemos exhortar a otros ciudadanos a luchar sin descanso para sensibilizar y demandar mejores condiciones para ejercer nuestro Derecho a la Transparencia, al Acceso a la información Gratuita en poder de los Estados, a la Libertad de expresión y de las ideas, a la Rendición de cuentas por parte de los servidores públicos y a la Protección de nuestros datos personales, sin olvidar que la cultura de transparencia contribuye fundamentalmente en la gestación de espacios públicos democráticos orientados al desarrollo de nuestro país.
*Miembro de Ciudad para Todos.
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26 de febrero de 2012

Importancia del transporte público en las grandes ciudades

Brenda Machuca
El crecimiento demográfico, la concentración y centralización de las actividades sociales en las ciudades van complicando, en forma paralela la retícula sobre la cual están trazadas. El urbanista se encuentra ante el reto sostenido de la expansión de la marcha urbana.
Ernesto Velasco León.
Mientras más crece una ciudad en extensión y población, los problemas que enfrenta también aumentan, el tema del transporte no es la excepción. Al ser cada vez mayores las distancias de desplazamiento aumenta la relevancia del transporte público. Las ciudades hacen intentos de resolver el tema de la movilidad con obras que benefician al automóvil y hasta la fecha estos proyectos viales han demostrado una y otra vez que sus beneficios son temporales y no solucionan el problema. Es fácil observar que los congestionamientos se han vuelto la realidad cotidiana y el servicio de transporte público en la metrópolis de Guadalajara deja mucho que desear. Hay tres problemas que suceden en las grandes ciudades que vuelven más complejo el funcionamiento de una ciudad en el tema del transporte: La expansión urbana, la falta de alternativas al uso del auto y el tráfico inducido.La expansión urbana se da cuando hay un aumento de la población, sumado a una falta de planeación del crecimiento de la ciudad y a la presión de las empresas inmobiliarias por construir cada vez más lejos del centro de la misma.El tráfico inducido es el resultado normal del aumento del número de vehículos y de tratar de solucionar el problema favoreciendo sólo al automóvil. Al ampliar los carriles de una avenida o hacer un puente o túnel para los vehículos, pareciera que se arregló el problema, pero cuando la obra termina ya ha vuelto a aumentar el parque vehicular y la gente que antes no usaba esta calle, la usará porque pensará que es más rápida. El resultado es que el tráfico seguirá empeorando, incluso puede empeorar más que antes de hacer la obra.Una movilidad basada en el auto es perjudicial porque genera gran cantidad de contaminantes (causantes de problemas ambientales y de salud), accidentes, congestionamientos; peligros para el ciclista y el peatón al circular por las calles; pérdida de arbolado y espacios públicos causada por obras viales.Una ciudad que no ofrece a sus habitantes facilidades para caminar, usar la bicicleta y un servicio de transporte público digno, sufre de grandes congestionamientos. Wilfred Owen, especialista en transporte metropolitano escribe que “En la mayoría de las grandes ciudades, los programas para desarrollo de calles y avenidas y control de tráfico han sido incapaces de disminuir el flujo vehicular. Todas estas dificultades hacen que nos preguntemos si  los intentos de atender la demanda del vehículo de motor pueden tener éxito.”Las largas distancias a recorrer en ciudades como Guadalajara hacen del transporte público una pieza indispensable de cualquier plan para mejorar la movilidad. Por diversas circunstancias son pocos los que pueden realizar todos sus recorridos a pie o en bicicleta. En estos casos la alternativa lógica al auto son los camiones o el transporte sobre rieles. Estas soluciones hacen un uso más eficiente del espacio vial simplemente porque cada pasajero ocupa menos espacio que si manejara su propio auto (es común que en el viajen sólo 1 o 2 pasajeros).Es indispensable reducir el número de autos circulando para mejorar la movilidad, pero es difícil convencer a un automovilista de dejar su vehículo cuando las alternativas a su uso son nulas o deficientes. El pasajero sufre a diario: por la falta de información sobre las rutas existentes, por el costo del servicio, por la ausencia de una red (que permita abordar varias rutas pagando un solo pasaje), por el exceso de rutas sobrepuestas en algunas zonas y poca oferta en otras, por los problemas para abordar en silla de ruedas, por la manera descuidada de conducir de los chóferes, por unidades en mal estado y por la incertidumbre sobre los horarios de paso de las rutas, entre otras complicaciones.Para buscar una solución al complejo problema del transporte en una gran ciudad, es necesario atender el tema del transporte público. Se le debe dar la atención que merece como clave de un sistema integral de movilidad, al mejorar en calidad podrá ir ganando terreno al automóvil, mientras mantiene al pasajero satisfecho con el servicio. La degradación de la calidad de vida resultado de la congestión vehicular, el estrés al conducir, la contaminación, las deshumanizadas avenidas y los accidentes son resultado de buscar sólo en el automóvil la solución a los problemas viales. Algunas ciudades, al darse cuenta de que el vehículo particular no es la solución, crean una visión a largo plazo con una red de transporte, la reducción del uso del auto y la planeación a futuro del crecimiento urbano. Cuando los esfuerzos se dediquen a dignificar al peatón, al ciclista y al transporte público, se reducirán los problemas de transporte y aumentará la calidad de vida.
*Miembro de Ciudad para Todos
@Bquetzali

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26 de febrero de 2012

Blog: Transporte público, un círculo de violencias

Mariana Zaragoza
En las últimas semanas, tres choferes del transporte público fueron asesinados. El motivo aparente ha sido el mal servicio del transporte público y la muerte de peatones en manos de los operadores de estos camiones.

Es cierto que el servicio del transporte público en la ciudad puede ser catalogado como muy malo; los choferes manejan mal, tienen malos tratos, no respetan al peatón, no tienen educación vial, entre muchos miles de defectos más. Sí: la mayoría de quienes habitamos la ciudad sabemos todos esos defectos, pero, ¿conocemos las condiciones laborales en las que trabajan? ¿Hemos intentando en algún momento imaginarnos cómo puede ser el día a día de un operador de una de las unidades del transporte público?

Peatones y ciclistas, ¿tenemos más educación vial? ¿Cuántas muertes provocadas por automovilistas se suman día tras día en la ciudad y nunca se hacen responsables de sus acciones? Con estas preguntas no intento justificar las responsabilidades de los choferes, pero sí quiero invitar a entender y reflexionar sobre todo lo que existe detrás de un chofer, que es la punta de un iceberg, al que le toca dar la cara de una situación de violencia estructural que la mayoría no conocemos y bajo la cual nos deberíamos de plantear la pregunta: ¿quién es la víctima y quién el victimario?

Hace un tiempo tomé la ruta 622, una ruta muy concurrida y que pasa en promedio cada 5 minutos. Me senté junto al chofer y seguí cada uno de sus movimientos: manejar semejante monstruo lleno de gente, en cada parada subir y bajar pasaje, cobrar y estar atento con los vueltos; el tráfico, semáforos, peatones, ciclistas; automovilistas que cada que pueden le recuerdan a su madre. Toda una locura a cargo de una sola persona, sumando el inspector que se sube a revisarle tiempos para seguir con su ruta. En medio de esa locura, el chofer detuvo la unidad, bajó rápido y escondiéndose entre la rueda hizo pipí, después le pregunté que si no los dejaban parar al final de cada ruta a descansar un poco, ir al baño, estirar el cuerpo y me dijo que cuanto están en turno trabajan sobre tiempo y no pueden pararse a nada.

Las condiciones laborales de los trabajadores del transporte público se reflejan en la calidad del servicio que ofrecen, muestra un circulo de violencia que siempre termina afectando a quienes menos responsabilidades tienen, en primer lugar por supuesto, usuarios, peatones y ciclistas, pero tampoco se puede responder con violencia a quienes les toca trabajar en condiciones inhumanas y explotados por una mafia como la del transporte público en Guadalajara.

La violencia estructural a la que se enfrentan todos días los choferes del transporte público es como un árbol en una banqueta de las viejas calles de la ciudad; solo lo podemos ver cuando se levanta la calle o tocan los cables del alambrado público, pero las raíces de ese árbol son tan profundas que llegan hasta los aljibes y rompen las tuberías: cortando sus ramas o su tronco no solucionará el problema porque las raíces ya son muy profundas y los daños demandan acciones que ayuden a cortar de raíz.

@marianitsg
*Miembro de Ciudad para Todos

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